Agencias.-
Ciudad de México. En América Latina y el Caribe, cuatro de cada cinco personas viven en países que se consideran democráticos. Sin embargo, el reconocimiento formal de sus derechos no siempre se traduce en acceso efectivo a la justicia, particularmente para los pueblos indígenas y afro-mexicanos, aseveró Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en México.
Señaló que las distancias, las barreras lingüísticas, la discriminación y las limitaciones institucionales siguen creando desigualdades en la región, por lo que es necesario atender esta situación y lograr que el acceso a la justicia garantice el desarrollo humano y la dignidad.
La representante residente del PNUD en nuestro país afirmó que para corregir estas fallas, es indispensable dejar de ver a los sistemas de justicia indígenas como mecanismos secundarios o de segunda categoría.
“Son gestiones con legitimidad histórica y social vinculadas a los derechos de los pueblos indígenas y la libre determinación, y fundamentales para la cohesión de sus comunidades”, puntualizó.
Durante su participación en el encuentro Respuestas internacionales para el acceso a la justicia de comunidades indígenas, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), enfatizó que reconocer estos sistemas y fortalecerlos no significa debilitar el estado de derecho, significa construir uno más inclusivo, más cercano y más legítimo.
«Las experiencias internacionales nos muestran que el pluralismo jurídico puede ser una fortaleza. Cuando existen mecanismos de coordinación, diálogo y respeto entre la justicia estatal y la justicia indígena, podemos fortalecer la cohesión social y la democracia», subrayó.
A su vez, el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, resaltó que acceder a la justicia no es únicamente llegar a un tribunal, es encontrar, de frente, a una institución capaz de comprender el territorio, la lengua, la cultura, los sistemas normativos internos y las formas comunitarias de resolver dichas diferencias.
«La interculturalidad es también una forma que nos permita diseñar la justicia e implica reconocer que las barreras no afectan por igual a todas las personas», apuntó.
Por tanto, llamó a magistrados y juzgadores a entender que la democracia, no se vive igual en todos los territorios.
«También una elección puede trastocar equilibrios comunitarios, formas tradicionales de autoridad, asambleas, participación de mujeres, derechos colectivos, pertinencia, identidad y la memoria misma de ese espacio. Ahí, la justicia electoral debe actuar siempre con firmeza constitucional y sobre todo con sensibilidad intercultural», concluyó.
